Cuarentenas atemporales: (in)justicia penal

Ilustración: macrovector

Maïssa Hubert Chakour

La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en los sistemas de justicia penal en todo el mundo. Los retos son múltiples: ¿Cómo seguir operando bajo lineamientos de distanciamiento social? ¿Cómo garantizar el acceso a la justicia para todas y todos en este contexto? ¿Cómo prevenir el contagio en los espacios de privación de libertad que se encuentran bajo la responsabilidad del sistema?

En las últimas semanas, diversas voces han solicitado medidas sanitarias específicas para las prisiones. La semana pasada fueron publicados lineamientos para enfrentar el COVID-19 en un contexto penitenciario. Estas recomendaciones son –en el mejor de los casos– ineficientes, si no es que inoperables en la situación actual del sistema carcelario.

Esto por una razón sencilla: el sistema penitenciario lleva décadas rebasado frente a una indiferencia general. El hacinamiento carcelario es la norma en muchas entidades federativas, donde es normal que la población supere dos a tres veces la capacidad instalada de los centros. ¿Cómo prevenir el contagio en espacios donde se apilan hasta treinta personas en celdas diseñadas para seis? ¿cómo implementar estrategias como “sana distancia”?

La pandemia ha evidenciado los enormes riesgos de operar en estas circunstancias; sin embargo, la situación ya era insostenible y sobre todo, innecesaria. Los centros penitenciarios están repletos de las victimas del abuso en la prisión preventiva, de obtención de confesiones bajo tortura, de ausencia de intérpretes para personas indígenas, la criminalización de abortos y partos fortuitos, o penas absurdamente desproporcionadas para delitos cometidos sin violencia.

Las prisiones se han convertido en la respuesta favorita del sistema de justicia: simbolizan el control social del Estado por excelencia. En esta línea, hace algunos días los gobiernos de Yucatán y Zacatecas proponían imponer penas de cárcel a quienes no respetaban las medidas de confinamiento. En México, la prisión previene el delito, castiga a quien lo comente y repara el daño a la víctima. La prisión protege el proceso penal, a la víctima, los testigos, la sociedad y a veces hasta protege a las personas de sí mismas.

Nuestro sistema de justicia llegó a su punto de quiebre y la consecuencia es un dilema crítico. El primer paso para implementar acciones de prevención en las prisiones sería lo impensable: liberar personas con el fin de operar en condiciones de normalidad jamás vistas.

Para ello, se ha propuesto liberar primero a quien esté más vulnerable frente al virus: mujeres embarazadas, niñas, niños y sus madres, personas de la tercera edad, personas con diabetes, hipertensión y VIH. Por otra parte, liberar a quien no tendría que estar ahí en primer lugar, por ejemplo: quienes aún no cuentan con una sentencia, quienes hayan cometido delitos sin violencia, o quien cumple con los requisitos para beneficios de preliberación.

Por ello, es urgente que el Congreso apruebe la Ley de Amnistía para brindar una oportunidad a personas encarceladas en situaciones diversas de injusticia. Por otra parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal brinda a los poderes ejecutivo y judicial de los distintos estados de la federación facultades para procesos de excarcelación masivas. La despresurización del sistema penitenciario es un primer paso crucial y no tiene alternativa.

De no tomarse estas medidas, corremos el riesgo de provocar brotes que arriesgarían la vida de 202,337 personas encarceladas, además de alrededor de 500 niñas y niños que viven con sus madres en prisión –sin contar el personal penitenciario, talleristas, y otras personas que ahí transitan. Las cárceles no están aisladas del resto del país, y las consecuencias no se quedarán dentro de ellas.

Nos encontramos con una oportunidad sin precedentes de resignificar la palabra ‘justicia’ y de enfocar por fin el sistema de justicia en las personas: las víctimas, las ofensoras y la comunidad.

¿Como construir alternativas para que la cárcel no sea la única dentro del catálogo de posibles acciones? Existen diversas alternativas dentro de la legislación mexicana, y este contexto de contingencia será una gran oportunidad para obligar a los poderes judiciales a tomarlas en cuenta.

Pero muchos otros futuros quedan por construir: ¿qué políticas públicas necesitamos para que la reparación del daño sea integral? ¿Cómo prevenir la violencia antes de tener que castigarla? ¿Qué significa la reinserción para las personas que han cumplido con su sentencia?

Aún nos queda un largo camino para exigir más y mejores políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia. Por ahora, es crucial entender que prisión no es sinónimo de justicia.

Nuestro sistema de justicia llegó a su punto de quiebre y la consecuencia es un dilema crítico. Nos encontramos con una oportunidad sin precedentes de resignificar la palabra ‘justicia’ y de enfocar por fin ese sistema en las personas. #UtopíasPosibles


Cuarentenas atemporales es una serie de conversaciones sobre otros tipos de confinamientos que existían antes de la pandemia y que probablemente sigan existiendo después de ella. Conversar sobre estas realidades busca visibilizarlas, pero también imaginar posibles futuros donde el confinamiento social se deje de normalizar.

Publicado por Utopías Posibles

Un archivo de futuros que parecen imposibles, pero no lo son

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